Luna Park: La Justicia porteña ratificó la suspensión de su demolición
La justicia rechazó la apelación del Gobierno porteño y dejó firme la medida que impide avanzar con cualquier obra o trámite vinculado al proyecto del Luna Park

La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires confirmó una decisión clave para el futuro del Luna Park. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario rechazó el recurso de apelación presentado por el Gobierno de la Ciudad y ratificó la resolución precautelar que ordena suspender toda obra o trámite administrativo relacionado con el proyecto que permitiría la demolición parcial del emblemático recinto.
De este modo, quedó firme la medida dictada en noviembre por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°5, a cargo de la jueza Natalia Tanno, que impide avanzar con cualquier intervención mientras se analiza el fondo de la cuestión. El fallo se basó en el dictamen del fiscal ante Cámara, Juan Octavio Gauna, cuyos fundamentos fueron compartidos por los magistrados.
Demolición del Luna Park: Un proyecto cuestionado por violar normas patrimoniales
La causa fue iniciada por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien impugnó la Disposición 1283/DGIUR/25 aprobada por la Dirección General de Interpretación Urbanística del Gobierno porteño. Según la demanda, la iniciativa vulnera de manera directa las normas de protección patrimonial que rigen sobre el Luna Park, declarado Monumento Histórico Nacional y catalogado con Protección Estructural por la Ciudad.
En el informe técnico presentado en la causa, se sostiene que el proyecto implica “una aniquilación irreversible” del edificio, al autorizar la demolición de gran parte de su interior bajo el argumento de una supuesta modernización tecnológica. El texto advierte que la propuesta incrementa el volumen del inmueble, reemplaza la cubierta y modifica sustancialmente la fachada, acciones expresamente prohibidas por el Código Urbanístico para este tipo de bienes protegidos.
En el mismo juzgado tramita otra denuncia impulsada por las ONG Asociación Civil Basta de Demoler, Observatorio del Derecho a la Ciudad y Fundación Ciudad. La presentación cuenta con el patrocinio de los abogados Jonatan E. Baldiviezo, Jorge Barbagelata y Pacífico Rodríguez Villar, y fue acompañada por un informe técnico elaborado por los arquitectos especialistas en patrimonio urbano Marcelo Magadán y Francisco Girelli.
Los expertos calificaron el proyecto como un “sinsentido”, al afirmar que propone destruir un edificio histórico con la excusa de conservarlo. Según su análisis, la pérdida de los componentes de valor patrimonial sería prácticamente total y transgrediría de forma directa la normativa vigente. El informe señala que no se trata de una restauración ni de una actualización, sino de una demolición encubierta y la construcción de un nuevo edificio dentro de una “cáscara” conservada.
El aumento del aforo, en el centro de la polémica
Uno de los puntos más cuestionados del plan es el objetivo de aumentar el aforo del estadio de 8.400 a 11.100 espectadores. Para lograrlo, el proyecto prevé elevar la cubierta, reemplazarla por completo y sumar un nuevo nivel por encima de la fachada actual, incrementando la altura total del edificio.
Los especialistas sostienen que mejoras como la actualización tecnológica, el acondicionamiento acústico y térmico, la adecuación a normas de seguridad y la optimización energética pueden resolverse mediante un proyecto de rehabilitación integral que preserve la identidad y la estructura original del Luna Park.
Un precedente histórico en juego
El futuro del histórico estadio continúa ahora en manos de la jueza Natalia Tanno, quien deberá decidir si otorga la medida cautelar solicitada por los demandantes hasta que exista una sentencia definitiva, o si habilita la continuidad del proyecto impulsado por el Gobierno porteño.
En ese contexto, Francisco Girelli fue contundente: de avanzar la iniciativa oficial, el Luna Park se convertiría en el primer Monumento Histórico Nacional demolido desde el retorno de la democracia en 1983. Una definición que trasciende lo jurídico y reabre el debate sobre el valor del patrimonio cultural y simbólico de la ciudad.
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