La Justicia vuelve a frenar la demolición del Luna Park y refuerza su valor patrimonial
La Cámara de Apelaciones ordenó suspender las obras de manera preventiva y priorizó la protección del histórico estadio frente al proyecto impulsado por el Gobierno porteño.
La historia del Luna Park suma un nuevo capítulo judicial. El pasado 31 de marzo, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Capital Federal ordenó la suspensión inmediata de cualquier obra de demolición en el emblemático recinto, en el marco de una medida precautelar.
La resolución, firmada por los camaristas Hugo Ricardo Zuleta y Gabriela Seijas, pone el foco en evitar daños irreversibles sobre uno de los edificios más representativos del patrimonio urbano porteño. En ese sentido, el fallo remarca que en este tipo de casos deben prevalecer los principios de prevención del daño y precaución, especialmente cuando se trata de intervenciones que podrían alterar definitivamente un bien protegido.
Un fallo que apunta a evitar un daño irreversible
En los considerandos, los magistrados fueron contundentes: la demolición constituye, por su propia naturaleza, un acto de efectos irreversibles. Una vez ejecutada, ninguna decisión judicial posterior podría restituir el edificio a su estado original ni reparar completamente el daño ocasionado.
Por eso, la Cámara subrayó la necesidad de una intervención “inmediata y urgente”, incluso cuando la cuestión de fondo aún se encuentra en discusión. Según el fallo, garantizar una tutela judicial efectiva implica preservar el objeto del proceso y evitar que la resolución final pierda sentido práctico.
Un proyecto en conflicto con la normativa vigente
El conflicto se originó a partir de un proyecto impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que prevé la demolición parcial del estadio para construir un nuevo edificio de mayor capacidad. La iniciativa, aprobada mediante la Disposición 1283/DGIUR/25, contempla un incremento del volumen del inmueble de aproximadamente un 30%.
La propuesta fue seleccionada por el Arzobispado de Buenos Aires —propietario del estadio— en el marco de una compulsa que, paradójicamente, exigía respetar la normativa patrimonial vigente. Sin embargo, el plan incluye el derribo de la cubierta, gran parte del interior y modificaciones sustanciales en la fachada, todos elementos protegidos.
Incluso, según consta en el expediente, se prevé la demolición de más de 11.600 metros del edificio histórico, dejando en pie apenas una pequeña porción de la estructura actual. Además, el nuevo diseño plantea una altura mayor, con un techo que se apoyaría directamente sobre la línea de fachada.
Apelaciones, críticas y antecedentes internacionales
La decisión judicial llega tras las apelaciones presentadas por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y organizaciones como Basta de Demoler, Fundación Ciudad y el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Los demandantes calificaron de arbitraria la resolución previa de la jueza Natalia Tanno, quien había habilitado la demolición pese a reconocer las restricciones normativas existentes.
Según sostienen, es posible modernizar el estadio sin destruir su valor histórico. Como ejemplos, mencionan intervenciones realizadas en espacios emblemáticos como el Teatro Colón o la Sydney Opera House, donde las actualizaciones tecnológicas se llevaron adelante respetando la integridad patrimonial.
Para los especialistas en patrimonio urbano Marcelo Magadán y Francisco Girelli, el fallo de la Cámara representa una señal significativa: pone en evidencia la importancia de proteger aquellos espacios que forman parte de la memoria cultural y social del país.
Un precedente que podría marcar la historia
Más allá del caso puntual, el conflicto en torno al Luna Park abre un debate más amplio sobre el equilibrio entre desarrollo urbano y preservación histórica. De avanzar el proyecto oficial, advierten los especialistas, el estadio podría convertirse en el primer Monumento Histórico Nacional demolido desde el retorno de la democracia en 1983.
Por ahora, la decisión judicial frena el avance de las obras y deja en suspenso el futuro de uno de los escenarios más icónicos de Buenos Aires, cuyo destino continúa siendo objeto de disputa entre intereses económicos, legales y culturales.
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